CUANDO LOS DERECHOS HUMANOS SON UNA “COJUDEZ”
En aquel periodo donde se violó la autonomía y el campus de las universidades, periodo en el cual los derechos humanos eran una cojudez sacramentada con el óleo de la impunidad y bendecida por el OPUS DEI. En ese periodo, que hoy muchos pretenden hacernos olvidar o simplemente obviar por intereses políticos y económicos, la prensa y el Congreso de la República afirmaron que las personas desaparecidas se habían auto secuestrado o que se habían ido con sus enamoradas. Al unísono Jaime Yoshiyama, Martha Chávez y Gilberto Siura, congresistas del oficialismo fujimontesinista, negaban el asesinato cometido por el régimen dictatorial y acusaban a la oposición de orquestar una campaña de desprestigio contra el gobierno de Fujimori.
En 1993 la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar abrió una investigación sumaria en torno a los sucesos ocurridos en la universidad La Cantuta. Pero no se responsabiliza a nadie en particular. Paralelamente, el Ministerio Público investigaba el caso.
El 21 de abril 1993 el Ejército en pleno brinda un apoyo tácito a su comandante general Nicolás Hermoza Ríos. Varios tanques salen a las calles. Al mediodía los altos mandos del Ejército, a través de un comunicado que es leído por el general Howard Rodríguez, en ese entonces jefe de la Primera Región Militar, respaldan al general Hermoza.
Un año después de la desaparición, varias fosas son descubiertas en un paraje de Cieneguilla. Los restos coincidían con algunos de los estudiantes desaparecidos. Se encuentra un manojo de llaves que tiempo después se confirmó pertenecían a los estudiantes Armando Amaro Cóndor y Juan Mariño Figueroa. Los periodistas llegaron hasta ese lugar utilizando un mapa que les fue remitido anónimamente. Representantes del gobierno dijeron que el documento había sido filtrado por Sendero Luminoso.
El 16 diciembre de 1993 el fiscal Cubas denuncia penalmente a once militares por el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor, ante el juez Carlo Magno Chacón Flores. Inmediatamente, el fuero militar entabla una contienda de competencia con el fuero civil, que es seguida con interés por la opinión pública. El 21 febrero de 1994 fueron condenados, por el asesinato de los estudiantes y el catedrático, ocho miembros del Ejército, entre oficiales y suboficiales, con penas que fluctuaban entre uno y 20 años de prisión.
Luego de la reelección de Fujimori en abril de 1995, en otra sesión nocturna del 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó la Ley Nº 26749 conocida como la "Ley de Amnistía", que ordenaba la liberación de todos los oficiales policiales, soldados y civiles presos o acusados por crímenes civiles o militares durante la lucha antiterrorista. El 15 de julio, el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó la liberación de todos los individuos presos por la matanza de La Cantuta.
El 18 de diciembre de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al Estado del Perú pagar más de un millón de dólares a los familiares de las víctimas de las matanzas de los Barrios Altos y otros, perpetradas durante los regímenes de los ex presidentes Alberto Fujimori y Alan García.
El 13 mayo de 2003 el ex presidente Alberto Fujimori es encontrado responsable de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada de personas por la participación en las matanzas ocurridas en La Cantuta y Barrios Altos.
El 12 mayo de 2005 el fiscal anticorrupción, Pablo Sánchez, solicita 35 años de prisión para cada uno de los integrantes del grupo Colina y los involucrados en las matanzas ocurridas entre 1991 y 1992 en Barrios Altos, La Cantuta, El Santa y en agravio del periodista Pedro Yauri.
En uno de los interrogatorios al ex agente de inteligencia Ángel Sauñi Pomaya, uno de los sicarios del régimen fujimorista, afirmó que los asesinatos en la lucha antisubversiva eran una práctica común en el Ejército desde antes del régimen fujimorista, pero que no alcanzó el apoyo oficial que tuvo en los años '90.
"Desde hace muchos años existen manuales de lucha contrasubversiva donde se dice identificar, capturar y destruir al enemigo. Muchos oficiales se dicen ahora defensores de los derechos humanos, pero antes callaron. El curso de la Escuela de las Américas lo han hecho todos los oficiales y allí les enseñaban tácticas de guerra para destruir a las izquierdas de América Latina. Eso es uso y costumbre en el Ejército", afirmó.
Dentro de sus declaraciones el ex agente Ángel Sauñi se definió como uno de los fundadores del grupo Escorpio en 1989, al lado del prófugo Jesús Sosa Saavedra. Anotó que, a pedido del jefe del SIE, ellos eligieron a Martin Rivas como su oficial de control. “Escorpio se dedicó a la búsqueda de información para la lucha contrasubversiva a nivel nacional y fue la génesis del destacamento Colina, en la medida en que sus integrantes pasaron después a este nuevo grupo", precisó.
El ex agente agregó que en el año 1987 él confeccionó un manual de la evolución histórica y el organigrama del Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso (PCP-SL). Añadió que por estos conocimientos de SL, al ingresar a Colina se convirtió en uno de los agentes de mayor confianza de Martin Rivas y el único que lo acompañaba a las reuniones con el jefe de la DINTE.
La lúgubre década fujimorista no debemos olvidarla, hoy los herederos de ese sector fascista pretender llegar al Municipio de Lima y a la Presidencia de la República, desde luego con la ayuda del aprismo. Hoy es el mejor momento para honrar la pérdida de aquellos jóvenes desenmascarando a los lobos, refrescar la memoria y mostrar la verdadera historia a las nuevas generaciones: ese es nuestro deber, en defensa de la vida y de la expresión de las ideas.
¡No hay olvido ni amnistía general para los terroristas de estado que gobernaron!
¡Sanción de por vida a los criminales de nuestros hermanos!
Lima, 15 julio de 2010
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